Nuestra
población y la opinión pública norteamericana e internacional han recibido en
las últimas semanas abundante información sobre las revelaciones que la agencia
de prensa estadounidense Associated Press (AP) realizó el pasado 3 de abril
acerca de “Zunzuneo”, proyecto ilegal diseñado, financiado e implementado por
el Gobierno de Estados Unidos para subvertir el orden interno en Cuba.
El artículo
de AP titulado “Estados Unidos creó secretamente un ‘Twitter cubano’ para
provocar inestabilidad”, permitió confirmar la implicación directa del Gobierno
de Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional
(USAID), en la planeación, financiamiento y ejecución de este proyecto
clandestino, consistente en la creación de una plataforma especial de servicios
de telecomunicaciones ilícitos hacia Cuba desde el exterior, con el objetivo de
enviar a usuarios cubanos mensajes de contenido político para influir en sus
posiciones y alentarlos a actuar en contra del gobierno.
El carácter
secreto de este proyecto quedó en evidencia al conocerse que fue ejecutado a
través del empleo de una extensa red de contratistas privados, empresas
fachada, servidores informáticos y cuentas bancarias en varios países, con el
propósito deliberado de ocultar la participación activa de agencias
gubernamentales norteamericanas en su consecución.
No hay dudas
de que estamos en presencia de una operación encubierta que, según la
definición contenida en la legislación norteamericana, en particular en la Ley
de Autorización de Gastos de Inteligencia de 1991, significa cualquier
actividad del Gobierno de EE.UU., para influir en las condiciones políticas,
económicas o militares en el exterior, que se realice de manera tal que el
papel de ese gobierno no sea evidente o se reconozca públicamente.
Al respecto,
llama la atención que este proyecto viola la letra de la legislación
norteamericana sobre las operaciones encubiertas, que establece que el
Presidente debe aprobar previamente por escrito este tipo de actividades y que
las agencias involucradas deben informar íntegramente al Congreso sobre su
implementación, algo que no ocurrió en este caso.
La
concepción y puesta en práctica de este proyecto, que ha tenido una gran
repercusión en Estados Unidos y otros países, sobre todo en aquellos cuyos
territorios fueron usados sin su anuencia para esta afrenta contra Cuba,
constituye una violación flagrante de la soberanía de nuestro país.
Infringe,
además, las regulaciones internacionales referidas al uso de mensajes Spam y a
la privacidad de la información y las comunicaciones personales, al apoyarse en
la obtención ilegal de datos de usuarios cubanos y en el envío de mensajes SMS
a sus celulares, sin su conocimiento y consentimiento previo. El Reglamento de
Telecomunicaciones Internacionales, adoptado en diciembre del 2012, en el marco
de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, establece en
su artículo 5B que los estados miembros deben procurar tomar las medidas necesarias
para evitar la propagación de comunicaciones electrónicas masivas no
solicitadas y minimizar sus efectos en los servicios internacionales de
telecomunicaciones y los alienta a cooperar en este sentido.
Vale señalar
que el Gobierno de EE.UU., nunca permitiría la ejecución de un proyecto como
“Zunzuneo” en su territorio, sin autorización expresa. Hacer algo así violaría
las leyes anti-Spam, que protegen a los usuarios de telefonía móvil de la
recepción de mensajes no deseados, así como las que prohíben de manera absoluta
la realización de actividades políticas, incluyendo la promoción de material
informativo de corte político en función de los intereses de un Estado o
institución extranjera, si la persona o entidad que pretende realizarlas no se
registra ante el Departamento de Justicia como agente extranjero.
Las
informaciones expuestas por la agencia AP sobre “Zunzuneo” confirman las
reiteradas denuncias del gobierno cubano y demuestran, una vez más, que el
Gobierno de Estados Unidos no ha renunciado a sus planes subversivos contra
Cuba, que tienen como objetivo crear situaciones de desestabilización en el
país para provocar cambios en su ordenamiento político, económico y social, y a
los cuales continúa destinando presupuestos multimillonarios cada año, que
desde que fueran oficialmente instituidos, en virtud de la sección 109 de la
Ley Helms-Burton de 1996, superan la cifra de los 260 millones de dólares, de
los cuales, más de 95 millones han sido aprobados durante el mandato del
presidente Barack Obama.
Pero
“Zunzuneo” no es el único programa de esta naturaleza que se ha diseñado por el
Gobierno de EE.UU., contra Cuba en fecha reciente. Los fondos millonarios del
Programa Cuba de la USAID han sido destinados para iniciativas similares como
“Conmotion”, herramienta desarrollada por el Instituto de Tecnología Abierta
(OTI) de la New America Foundation, con sede en Washington, originalmente para
uso militar, y que consiste en la creación de redes inalámbricas independientes
en forma de “malla” para enlazarse con el exterior, fuera de cualquier control
gubernamental, lo cual permite desinformar a los usuarios sobre la situación en
su país y convocarlos a manifestaciones.
Otras
entidades del Gobierno de EE.UU., como la Oficina de Transmisiones a Cuba,
implementan proyectos ilegales como “Piramideo”, que es también una plataforma
de comunicación que promueve el envío de mensajes masivos a usuarios en nuestro
país. A este tipo de iniciativas y a las emisoras Radio y TV “Martí”, le han
sido asignados bajo el gobierno de Obama 142 millones de dólares del
presupuesto federal, y más de 770 millones de dólares desde la fecha de su
creación.
El Gobierno
de EE.UU., brinda igualmente pleno respaldo al proyecto de la bloguera
contrarrevolucionaria Yoani Sánchez, de crear un medio de prensa digital, el
cual es financiado totalmente con dinero proveniente del exterior y tiene como
propósito fundamental alimentar las campañas de desinformación y difamación
contra Cuba.
Para
justificar la ejecución y promoción de proyectos de esta naturaleza contra
Cuba, el Gobierno de EE.UU., argumenta, entre otras razones, su interés en
facilitar “el libre flujo de información al pueblo cubano”, cuando es el propio
gobierno y el Congreso de ese país los que a lo largo de los años han promulgado
leyes, regulaciones y políticas, que impiden precisamente el libre acceso a la
información del pueblo de Cuba.
Entre las
múltiples restricciones que EE.UU., impone al “libre flujo de la información”,
se encuentran las siguientes:
• La
política de bloqueo económico, comercial y financiero prohíbe las exportaciones
de tecnología y equipamiento de telecomunicaciones.
• La Ley
Torricelli de 1992 y la Ley Helms-Burton de 1996 prohíben cualquier tipo de
inversión por parte de entidades estadounidenses en los servicios nacionales de
telecomunicaciones de Cuba.
• El bloqueo
también prohíbe a Cuba la adquisición de licencias de productos de software y
niega el acceso de entidades y ciudadanos cubanos a sitios y a servicios en
Internet, incluyendo sitios de información y herramientas técnicas como PC
Tools y Netbeans; y otras aplicaciones. Nombres reconocidos mundialmente como
Microsoft, Mozilla, Adobe, Sourceforge y Google, instrumentan desde la Red de
redes las prohibiciones del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba. En el caso
de Google, los cubanos no pueden acceder a herramientas como Google Analytic,
Google Earth, Google Decktop Search y Google Toolbar. Estas restricciones se
hacen extensivas al uso de software libres y de su navegador más popular
Sourceforge por parte de Cuba, lo cual viola las premisas de la Open Source
Initiative, organización dedicada a la promoción del software libre: la no
discriminación contra personas o grupos y la no discriminación contra esferas
de actividad. Incluso, se impide el acceso desde Cuba a aplicaciones que son
ofrecidas gratuitamente por sus autores en Internet, como son los casos de
mathwork.com, ti.com, digikey.com, microchip.com y wmware.com.
• Cuba no
puede conectarse a las decenas de cables submarinos de fibra óptica que
circundan la isla, lo cual obliga al país a buscar alternativas más costosas
para incrementar la conectividad a Internet. Paradójicamente, el Gobierno de
EE.UU., ha anunciado sus planes de llevar un cable submarino hasta el
territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval en Guantánamo, en franca
violación de la soberanía de Cuba.
• En virtud
de la política de bloqueo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
del Departamento del Tesoro aplica sanciones a empresas de telecomunicaciones
estadounidenses y extranjeras por prestar servicios a Cuba, como son los casos
de las compañías LD Telecommunications Inc., de Florida, multada en el 2010 por
21 671 dólares; y Ericsson Panamá, sancionada en el 2012 por 1 750 000 dólares.
• El
Gobierno de EE.UU., ha permitido que ETECSA, como sucesora de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba, EMTELCUBA, haya sido despojada de fondos
depositados en bancos estadounidenses, resultantes de servicios prestados entre
ambos países, los cuales fueron ilegalmente congelados como parte de la
política de bloqueo.
• El
Gobierno de EE.UU., es el único en el mundo que prohíbe a sus ciudadanos
visitar Cuba libremente, con lo cual impide los contactos, los intercambios, la
comunicación y “el libre flujo de información” entre ambos pueblos.
• La Ley
Helms-Burton de 1996, en su sección 109, prohíbe todo tipo de asistencia a
Cuba, salvo aquella que tenga como propósito promover la subversión interna.
El Gobierno
de EE.UU., debe cesar sus acciones subversivas, injerencistas, ilegales y
encubiertas contra Cuba, que atentan contra la estabilidad y el orden
constitucional cubano, y respetar la soberanía cubana, el Derecho Internacional
y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Cuba no
tolerará ningún tipo de actividad subversiva ni de intromisión en sus asuntos
internos y, como país soberano, continuará defendiéndose y denunciando la
naturaleza injerencista de estos programas.
Por. Oscar
Sánchez Serra
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